PERU: Presupuesto del Poder Judicial y
reforma del sistema de justicia

El que quiere celeste que le cueste, reza un dicho que bien podría aplicarse a la actual coyuntura del presupuesto del Poder Judicial. Dicho escenario se inicia así: en febrero el Tribunal Constitucional (TC) determinó que es competencia del Poder Judicial presentar su proyecto de presupuesto al Ejecutivo, para su sustentación ante el Congreso por el Ejecutivo, sin modificaciones (en la interpretación más extrema). Pero el TC también formuló varias exhortaciones.

Palacio de Justica, Lima-Perú

La principal insta al Poder Judicial a que formule "una política de corto, mediano y largo plazo, que defina el conjunto de criterios (que) orientará la organización judicial para administrar justicia", la que además debe puntualizar los "fines generales y objetivos específicos; el inventario y evaluación de los medios y recursos para alcanzarlos; y la determinación de líneas de acción". La exhortación indica que esta política judicial debe ser el sustento técnico para que el Congreso apruebe el presupuesto judicial.

Al respecto, hay que mencionar que el avance del Poder Judicial para cumplir con la exhortación del TC es, por decir lo menos, incipiente. Se sabe que se han contratado técnicos para llevarla a cabo, pero a la probable presentación formalmente correcta, no se han agregado componentes de transparencia,
participación ni, lo que es peor aún, un rumbo cuyo norte sea la reforma de la justicia que la sociedad reclama. No se trata de presentar solo un largo catálogo de necesidades ya conocidas, si no de señalar los objetivos a perseguir y las acciones para contar con una justicia proba, técnica, rápida, moderna, valorada, que tutele derechos fundamentales y sirva de control ante los excesos de los otros poderes del
Estado. Y para esta tarea no se está en pañales: la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS) aprobó más de un centenar de medidas, algunas con correlato presupuestal y otras no, cuyo desarrollo no puede perderse de vista cuando se quiere conocer hacia donde está yendo el Poder Judicial.

Es cierto, que hay medidas que no dependen de los órganos de gobierno de la judicatura, y que están en la esfera de otros órganos del sistema de justicia o a la espera de que el Congreso no detenga sino, más bien, acelere la aprobación de las leyes correspondientes. Pero también hay otras que caen directamente en su campo y que hasta ahora no han merecido el desarrollo correspondiente a pesar de no ser gravosas (apoyo a la justicia de paz y dotación de traductores en los distritos judiciales donde predominan pobladores que hablan quechua, aimara u otras lenguas originarias).

Sería imprescindible ver el tratamiento presupuestal que el Poder Judicial está dando a temas tan neurálgicos como la carrera judicial. Hasta donde se sabe, solo se está pidiendo recursos para nombrar más jueces, con lo que tenemos garantizado tener más de lo mismo. De lo que se trata es de mitigar la mala formación judicial de quienes postulan, tomando en cuenta que la mayoría de Facultades de Derecho forman deficientemente abogados y ninguna de ellas se ocupa de las tareas jurisdiccionales y de gestión del despacho judicial. CERIAJUS, preveía, al respecto, un sistema de selección que tras las evaluaciones
(que permitían seleccionar a los más idóneos), se abría un período de formación inicial ocupándose justamente de colmar esos vacíos. ¿Cuánto está presupuestando el Poder Judicial para cumplir con este proceso formativo a través de la Academia de la Magistratura?

La potestad de formular su presupuesto no es incondicionada, debe pasar por el prisma de la reforma estructural que necesita el sistema de justicia. De otro modo, no habrá justificación alguna para solicitar más recursos cuando en otros sectores tan o más relevantes (salud, educación, seguridad ciudadana) hay grandes necesidades también por cubrir.

(*) Consorcio Justicia Viva.